viernes, 7 de marzo de 2014

La reducción de sueldos a políticos, una medida popular

 

VIENTO DE LA MANCHA     RICARDO CHAMORRO
VIENTO DE LA MANCHA

La reducción de sueldos a políticos, una medida popular
   

El Tribunal Constitucional ha echado para atrás los 21 recursos de amparo de los diputados socialistas afectados por la medida de eliminar las "retribuciones regulares" que perciben los diputados autonómicos de Castilla-La Mancha (iniciativa de 2012).

Esta medida de reducir sueldos fue llevada a cabo junto a la resolución promovida por el PP de reformar el Estatuto de Autonomía para reducir el número de Diputados del parlamento regional de 49 a 25.

Los diputados en Castilla-La Mancha no cobraron sueldo hasta que llegó la cuarta legislatura del PSOE. Hasta 1997 los diputados regionales cobraban dietas por asistencia y yo no tengo noticia de que la democracia no funcionara hasta ese momento.

El argumento de menoscabo de las funciones de los diputados, que argumentaba el PSOE en sus recursos, ha sido desmentido por el Alto Tribunal: "no se constata menoscabo de la función legislativa o de control de la acción de Gobierno".

El Constitucional continúa en sus argumentos diciendo que "no puede afirmarse, como pretenden los recurrentes, que una determinada modalidad retributiva como es la percepción de un sueldo fijo constituya un derecho que forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos". Recalca el Tribunal que los diputados "pasan a recibir una cantidad en concepto de indemnización por los gastos derivados de sus funciones representativas, así como por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte". También señala que el sistema de dietas está muy extendido en otros parlamentos y como hemos visto era el sistema de Castilla-La Mancha antes de 1997.

Medidas acordes ante la desafección de los ciudadanos

Cospedal en 2012 anunciaba estas medidas diciendo que los ciudadanos "necesitan saber que aquellos que trabajamos en este oficio público también estamos dispuestos a dar ejemplo".

De igual manera la presidenta Cospedal, en su apuesta por la reducción de privilegios políticos, instó modificar el artículo 9 de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vigente desde 2003, para suprimir el derecho de los ex presidentes a disfrutar, tanto tiempo como hayan ejercido el cargo, de una secretaría de apoyo, un local, un vehículo del parque móvil de la Junta, un conductor y de un servicio de seguridad y protección personal. El PSOE se ha opuesto siempre a la eliminación de estos privilegios y la última vez abandonaron el pleno para no votar la iniciativa.

Estos privilegios tienen un coste para las arcas públicas de 160.000 euros al año. El único que disfruta actualmente de estos privilegios es José Bono pues su sucesor, José María Barreda, renunció a los mismos.

Está claro que los últimos datos del CIS reflejan una desafección hacia los políticos importante y que obligan a reformar en profundidad aspectos que antes no se planteaban. Es una irresponsabilidad evidente, por parte de la oposición, el tratar de combinar mensajes apocalípticos sobre la situación de la región y no colaborar luego en medidas reformistas hacia el estatus de los políticos, aferrándose a privilegios. Todos los indicadores vienen a señalar que medidas como estas están más que aprobadas por los ciudadanos, que son muy conscientes de la crisis.

Los políticos tienen que ser los primeros en ser ejemplares ante la situación que vive España y tener clara la responsabilidad que ostentan hoy frente al ciudadano. El tratar de mantener formas pasadas, privilegios o prebendas, sin adaptarse al cambio, puede ser, no sólo su perdición particular, sino un importante menoscabo para la fortaleza de la democracia y de las libertades públicas.

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