España en 1978 se hizo nación política. Los constituyentes devolvieron la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español.
La Constitución de 1978 se funda precisamente en la unidad de la Nación española y en el ejercicio por ella del poder constituyente.
De este hecho derivan las bases de la Constitución y sus orientaciones fundamentales, resumidas en el Título Preliminar y desarrolladas en el resto de su articulado:
-Reconocimiento del ejercicio efectivo de la soberanía nacional por el pueblo español y de la legitimación democrática de los poderes del Estado. Articulo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
-Establecimiento del Estado de Derecho, con reconocimiento de los derechos y libertades, del principio de igualdad ante la ley, de la distinción de poderes y la independencia del poder judicial y de la primacía efectiva de la Constitución como norma suprema a través de la jurisdicción del Tribunal Constitucional.
-Organización de la forma de gobierno como Monarquía parlamentaria con sistema bicameral, en el que el Congreso de los Diputados, como representación del conjunto del pueblo español tiene primacía sobre el Senado, como cámara de representación territorial.
-Planteamiento de un sistema electoral proporcional que pretende la integración de las principales fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados.
-Implantación de las autonomías territoriales como reflejo en la organización del Estado de la plural formación histórica de la unidad nacional de España, sin merma alguna de ésta ni de la igualdad ante la ley de los españoles y de la solidaridad entre las Comunidades autónomas.
El Sistema Autonómico
El modelo autonómico fue bien intencionado pero ha sido fallido. Nuestra Constitución se limitó a enunciar la garantía de la autonomía en relación a sus respectivos intereses, de determinados entidades administrativas como son los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas. El problema de esa declaración es que el desarrollo de los municipios y provincias ya existía, en cambio las Comunidades Autónomas se desarrollaron de manera posterior y de forma caprichosa por los políticos a golpe de Estatutos de Autonomía, y en algunos casos, ignorando los principios orientadores de nuestra Constitución. El desarrollo se ha amparado también en un Tribunal cada vez más politizado y menos independiente como es el Tribunal Constitucional, dirigido por los propios políticos que eligen a sus miembros e influyen de manera clara.
Las funciones de la administración del Estado, que también la forman los entes territoriales, es cumplir los principios orientadores de nuestra Constitución y garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Esa premisa no se cumple con el actual desarrollo autonómico.
La interpretación de la autonomía administrativa se ha tomado como una formal desvinculación del Estado español y se ha producido una recentralización política en las entidades autonómicas que quiebran el sentido de Estado nacional, han aumentado la deuda de los ciudadanos de manera disparatada y han perjudicado la igualdad de derechos y oportunidades entre los españoles.
La deuda de las comunidades autónomas subió un 12,8% en 2014 en comparación con el año 2013 y alcanzó los 236.747 millones.
La Comisión Europea ha criticado en repetidas ocasiones el sistema autonómico.
Mientras Francia e Italia han hecho importantes reformas administrativas, España sigue manteniendo el Estado Autonómico como si fuera un dogma, los que lo critican son tratados como apestados. Los intereses políticos y empresariales creados en torno a este sistema tienen amordazados a los españoles, que sufren políticas fiscales cada vez más confiscatorias, servicios públicos cada vez peores y al margen de la igualdad que propugna nuestra Constitución.
Un Estado tiene que ser una entidad eficiente y ligera para dar servicio a los ciudadanos, una herramienta de la Nación para su funcionamiento y cohesión, nunca la herramienta de creación de un Estado de bienestar de los políticos, de colocación de sus allegados y de sus caprichos ideológicos.
El sistema es tan irregular, tan descoordinado e incontrolado, y la falta del vigor del gobierno para controlar las Comunidades Autónomas es tal, que se va a dar la circunstancia de una mayor financiación a las autonomías que más han incumplido como son Andalucía, Valencia y Cataluña, ante el enojo de las que cumplen.
17 parlamentos, 17 consejos económicos y sociales, 17 tribunales de cuentas, cientos de televisiones, 17 sanidades con un gasto que casi se ha multiplicado por 17, 17 mercados, miles de leyes dispares, sistemas fiscales privilegiados en País Vasco y Navarra.
Las Comunidades Autónomas en la actualidad han endeudado a los españoles, no garantizan la igualdad de los ciudadanos, han destruido el sano regionalismo y la diversidad de España por entes ideologizados, politizados y monolíticos que inventan pugnas entre españoles.
El Sistema Autonómico es el principal responsable de que España no salga de la crisis de una manera más rápida por la imposibilidad de controlar el endeudamiento del sistema y de que no baje el nivel de desempleo en nuestro país obligando a nuestros jóvenes a huir al extranjero.
El Sistema Autonómico está acabado
Por ello es necesario acabar con este modelo y fomentar un nuevo modelo que desarrolle una sana descentralización o recentralización, teniendo en cuenta criterios prácticos de servicio al ciudadano español y no criterios de caprichos políticos o ideológicos.
Siguiendo los criterios que se reflejan en nuestra Constitución, la Nación española como fundamento previo de la carta magna (Artículo 2) no es discutible, el Estado si puede serlo, y debe ser reformado precisamente para cumplir los principios orientadores de nuestra Constitución que son el interés general, el bien común, la igualdad de los españoles y la cohesión de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
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